El ICF está regulado por el Decreto Legislativo 1/2022, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Institut Català de Finances, donde se define su régimen jurídico, sus funciones y sus órganos de gobierno, entre otros aspectos.

De conformidad con la norma, el ICF es una entidad con personalidad jurídica propia que somete su actividad a la Ley del Institut Català de Finances, al Estatuto de la empresa pública catalana y al resto del ordenamiento jurídico.

Por otro lado, se ajusta a las normas de derecho privado que le son aplicables y, de forma específica, a la normativa de las entidades de crédito.

El ICF dispone de patrimonio y tesorería propia y actúa para el cumplimiento de sus funciones con autonomía orgánica, financiera, patrimonial, presupuestaria, funcional y de gestión, con plena independencia de las administraciones públicas.

El objetivo del texto refundido aprobado en 2022 fue ordenar, sistematizar, armonizar y homogeneizar en una única norma el conjunto de las modificaciones aprobadas desde la versión anterior, correspondiente a 2002, para disponer de un texto más claro. El ICF fue creado en 1985 a través de la Ley 2/1985 (no vigente).