El acceso a la información pública es un derecho reconocido y regulado por la Ley 19/2014 y el Decreto 8/2021, que promueve la transparencia, el buen gobierno, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la gestión pública. Para ejercerlo, es necesario presentar una solicitud.

• ¿Quién lo puede ejercer? Cualquier persona a partir de los dieciséis años, tanto en interés propio como en nombre y representación de una entidad.
  
  
• ¿Qué información puedo pedir? Toda la información elaborada por la Administración, así como toda la información en poder de la Administración a consecuencia de su actividad o del ejercicio de sus funciones.
  
  
• ¿Qué límites hay? La solicitud puede ser denegada o restringida si afecta cuestiones como la seguridad pública o los derechos de los menores de edad, así como inadmitida en caso de que cumpla algunos de los supuestos presentes en la ley.
  
  Específicamente, el ICF también está obligado por el secreto bancario, que impide divulgar información sobre las empresas que han solicitado o han obtenido financiación de la entidad, de conformidad con la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito. Ello hace que el ICF deba guardar reserva de las informaciones relativas a saldos, posiciones, transacciones y otras operaciones de sus clientes.
  
  
• ¿Tengo que motivar mi solicitud? No hará falta la motivación ni invocación de ninguna norma para acceder a esta información.

En caso de no recibir respuesta o en caso de que la solicitud haya sido denegada de manera total o parcial, puedes presentar una reclamación ante la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP).